octubre 25, 2020
Mauricio Peñaloza C.
Abogado, miembro del Comité de Personas CCS
La Dirección del Trabajo (DT) y la Tesorería General de la República (TGR) realizaron un extraordinario trabajo de integración tecnológica que permitió lanzar el año 2019 en la página web de la DT, mediante el uso de Clave Única, el Finiquito Laboral Electrónico, el cual permitió por primera vez en la historia laboral de nuestro país que se garantizara que el empleador estaba real y efectivamente pagando al trabajador lo que declaraba en el finiquito, ya que la DT y TGR verifican electrónicamente que se hayan transferido previamente los fondos a una cuenta bancaria unipersonal del trabajador y que las cotizaciones previsionales estén al día.
Desde su lanzamiento han sido miles los trabajadores beneficiados con este gran avance tecnológico de la DT, especialmente este año durante la contingencia sanitaria del Covid-19, lo cual ha permitido que sin tener que trasladarse a una notaría o Inspección del Trabajo y sufrir una larga e inútil espera, los trabajadores puedan recibir directamente en su cuenta individual bancaria las sumas que le debe pagar un empleador al acordar un finiquito laboral.
Cada trabajador, obviamente, mantiene plenamente todos sus derechos, en especial el de no aceptar el finiquito que le propone en forma electrónica un empleador y optar libremente por realizar el trámite de manera presencial.
Sin embargo, el Contralor General de la República, ha emitido recientemente un oficio en el cual, excediendo sus facultades y arrogándose competencias legales técnicas de las cuales carece y que son exclusivas del Director del Trabajo, ha interpretado que la DT está facultada para aplicar el finiquito electrónico sólo mientras se mantenga el contexto excepcional de la pandemia.
Sin entrar a analizar lo errado, contradictorio y ambiguo del dictamen respectivo, es lamentable que el Contralor se transforme en uno de los principales obstáculos de una real modernización del Estado, causa principal del malestar de nuestra sociedad que ve como el Estado se aleja de otorgar servicios oportunos y eficientes, bajo la excusa de que la ley, o en este caso el Contralor, no lo permiten.
Actualmente, la DT está continuando otro gran proyecto de integración, en este caso con el Servicio de Impuestos Internos (SII), mediante el cual se lanzará prontamente un Libro de Remuneraciones Electrónico que permitirá contar permanentemente con toda la información laboral, previsional y tributaria de trabajadores y empleadores, lo que facilitará la fiscalización integrada y anticipada de beneficios tales como los de la Ley de Protección del Empleo o el Bono Clase Media, en el cual se acaba de detectar que más de 400 mil personas hicieron uso indebido de esos recursos públicos, de los cuales 37 mil serían funcionarios públicos, responsabilidad del propio Contralor.
Incluso habría 40 funcionarios del Ministerio Público, entidad encargada de investigar los delitos y llevar a los imputados ante los tribunales. ¿Quién podrá defendernos?
Mediante estos importantes avances, la DT no sólo permitirá que en su página los empleadores y trabajadores puedan acordar y pagar sus finiquitos laborales, sino que prontamente tendrá la capacidad tecnológica de informar anticipadamente al trabajador en forma electrónica cuáles son las indemnizaciones mínimas legales que el empleador le debe pagar en el finiquito laboral y proponérselo a las partes, tal como el SII nos propone nuestras declaraciones de impuesto.
Si el SII y la DT contaran hoy con el Libro de Remuneraciones Electrónico, se habría podido segmentar en forma previa y electrónica a quienes reunían las condiciones y requisitos para acceder legítimamente al Bono Clase Media, incluso sería posible pagarlo directamente a quienes califiquen, sin necesidad de pedirles una declaración o más información.
Ese es el camino de desarrollo y modernización real del Estado: la integración digital de todas sus entidades y la gestión inteligente de la información.
Termino con una anécdota: durante mi reciente trabajo en el sector público cumplí con el deber de realizar periódicamente mi Declaración de Intereses y Patrimonio, sin embargo, la penúltima tuvo un “grave” reparo: al ingresar correctamente todos los datos de mi cuñado, omití uno de sus nombres, lo cual fue observado por la Contraloría, para que yo completara esa información, aparentemente confidencial, exclusiva y reservada, que sólo yo dispongo y que el Estado no tiene en sus bases de datos …
